En el marco del proyecto “Iniciativa Mesoamericana en Derechos Humanos y VIH: Incrementar las capacidades de la sociedad civil para contribuir al respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos relacionados al VIH/Sida en Centroamérica y México”, el cual es coordinado a nivel regional por la organización Colectivo Sol (México), la Asociación Viviendo Positivamente y la Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, organizaciones responsable del desarrollo de esta iniciativa en la Republica de Panamá; realizaron el taller para la formación de encuestadores.

Este taller buscaba capacitar a lideres comunitarios en aspectos cruciales del manejo y aplicación de encuestas; ya que uno de los aspectos más importantes de la primera fase de esta iniciativa es la aplicación de un diagnostico Socio-Económico (y de percepción de riesgos) a las Personas que Viven con VIH (PVV) que asisten a las Clínicas de Terapias Antiretrovirales del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social.

Con esta encuesta, la cual esta en la fase de revisión del Comité de Bioética del Instituto Conmemorativo Gorgas, se busca hacer un diagnostico de las prioridades y necesidades de las PVV, con miras a desarrollar estrategias de trabajo que estén acordes con los resultados obtenidos.

El detective me miraba perplejo debido a que no entendía lo que decía, ¿una organización de qué? De gay y lesbianas,  trababa de explicarle. Pero el detective me miraba sin entender, como si fuese la primera vez que escuchaba esas palabras. Trataba de explicarle la razón de mi visita a la Departamento de Investigaciones Judiciales (DIJ) para presentar una denuncia por privación de libertad.

Hace tres o cuatro semanas recibimos una llamada de una madre de familia que en nombre de sus hijas nos habían llamado para denunciar que un joven amigo de sus hijas había sido ingresado en un centro de rehabilitación muy conocido en contra de su voluntad. La madre de X había descubierto la relación de su hijo con otro hombre, y para reformarlo y salvar su alma la familia lo había internado en un centro correctivo. Me llamaron de la oficina y me apersoné al recinto a averiguar si el joven se encontraba en el mismo y verificar la denuncia. El pastor encargado del centro efectivamente me confirmó que X estaba recluido en el mismo, pero por no ser familiar de él no lo podía ver.

El 22 de septiembre del presente año, la S.E. Rosario E. Turner M., Ministra de Salud, presento ante la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá, el ante proyecto de ley: “Por la cual se adoptan medidas para establecer y proteger los derechos humanos en materia de sexualidad y salud reproductiva, promover la educación, información y atención de la salud sexual y reproductiva”.

La 442, como se le conoce (dado que es el número asignado al ante-proyecto), es el fruto de varios años de trabajo y consenso a lo interno de la Comisión Nacional de Salud Sexual y Reproductiva; entidad en la que están representado todos los sectores organizados del Estado Panameño (Gobierno y Sociedad Civil), incluyendo el Sector Religioso.

Sin embargo, es justamente de parte del Sector Religioso, al cual se consulto en el proceso de elaboración y se acogieron sus recomendaciones (casi sin modificaciones de fondo),  el que ahora se opone a la 442, argumentando, en muchos casos, temas que no están contemplados en la propuesta, y en otros, llegando vulgarmente a mentir e inventar interpretaciones alejadas de la realidad.